23 | 08 | 2019

El Partido Comunista de los Trabajadores de España expresa su total solidaridad con el pueblo canario, especialmente en la isla de Gran Canaria, gravemente afectada por el incendio que ha arrasado 10.000 hectáreas y desplazado a 9.000 personas, por el momento.

Lo que hoy vemos con rabia y dolor es el resultado de años de ineptitud, negligencia y pésima gestión por parte del Cabildo de Gran Canaria. Con diferentes Presidentes en la historia reciente al frente de la institución (José Miguel Pérez, PSOE, 2007-2011; José Miguel Bravo de Laguna, PP, 2011-2015 -hoy en JxGC- y, actualmente, Antonio Morales, de Nueva Canarias y al frente de la corporación gracias a un pacto con la socialdemocracia isleña), los montes de la isla han venido siendo objeto del abandono paulatino por parte de los representantes de la vieja política burguesa. No olvidaremos jamás los nombres de los responsables de años de desidia e incompetencia.

¡Basta de excusas! ¡Basta de racismo institucional!

Tras casi tres semanas a la deriva, la situación a bordo del Open Arms se ha vuelto desesperada, hasta el punto de que se ha producido un intento de suicidio y varios saltos al mar para tratar de l legar a nado a Lampedusa. Salvini y el Gobierno italiano siguen negando al barco la posibilidad de atracar en puerto y permitir que desembarquen los inmigrantes y refugiados rescatados, algo que supone un vulneración de toda la legislación marítima internacional, tal y como ha señalado el responsable del Open Arms Oscar Camps. Pero la realidad es que se ha l legado a esta situación gracias a la colaboración, por activa y por pasiva, en esta política racista y criminal de Salvini, de la UE y de todos los gobiernos europeos, incluido el de Pedro Sánchez.

En el día de hoy la Asamblea de Madrid ha investido a Isabel Diaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a los votos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Esta investidura precede a la formación de un gobierno liberal de coalición, que si bien contará sólo con miembros del Partido Popular y Ciudadanos, tendrá marcado el paso desde la oposición por los planteamientos reaccionarios de Vox.

El nuevo gobierno, ya calificado por el Partido Popular como “laboratorio liberal”, supondrá una continuidad de las políticas antiobreras y antipopulares desarrolladas durante más de 20 años en nuestra región y que garantizan la continuidad del proyecto de los monopolios para Madrid: una región basada en el turismo, el sector financiero, la especulación inmobiliaria y la privatización de los servicios públicos.

Dese el día 9 de agosto, los/as compañeros/as vigilantes de seguridad de Trablisa van a la huelga para mejorar sus condiciones precarias debido a un convenio que ofrece pésimos salarios y un acuerdo aeroportuario que no reconoce un plus acorde a la responsabilidad desempeñada por este colectivo de trabajadores/as.

Desde el PCTC queremos solidarizarnos con la plantilla en huelga y difundir su valiente lucha contra Trablisa y Aena, ambas cómplices a la hora de dar migajas a sus obreros. Es lógico, cuando vivimos en una sociedad en la que prima maximizar los beneficios de las grandes empresas y no el bienestar de la mayoría trabajadora.

España, después de diez años, acaba de salir del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) de la Unión Europea (UE), pero sigue siendo sometida por parte de Bruselas a “un examen exhaustivo”, que incluye la exigencia de recortar 7.800 millones de euros anuales de gasto público, no de intereses de la deuda.

pcpeCuando las relaciones de producción existentes en una sociedad se convierten en un obstáculo para el desarrollo de las propias fuerzas productivas de esa sociedad, decimos que se abre una época de revolución social dentro de ese sistema. Es lo que afirma Marx en el Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política. Corría entonces el año 1859.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha mostrado su satisfacción tras conocerse el fallo del Juzgado de los Social nº19 de Madrid por el que han quedado declaradas como “falsas autónomas” 532 personas que trabajaban como ‘riders’ en la empresa Deliveroo.

La fallida investidura de Pedro Sánchez deja patente el escenario de inestabilidad institucional que domina la política española en la actualidad, especialmente tras la moción de censura que sacó al Paritdo Popular de Mariano Rajoy del Gobierno en junio de 2018. El reparto de escaños tras las Elecciones Generales del 28 de abril dejó un escenario sumamente frágil de alianzas entre los diferentes partidos del arco parlamentario. La posibilidad de un gobierno de coalición entre PSOE y Unidad Podemos se ha ido abriendo paso con dificultades en los últimos meses, hasta finalmente fracasar a las puertas de la investidura.

El acuerdo del XV Pleno del Comité Central del PCPE, de iniciar los trabajos para celebrar el XI Congreso del Partido en el mes de julio del año 2020, marca el punto de arranque del que ha de ser uno de los Congresos más importantes de nuestra historia, que arrancó en enero de 1984.

ABB es uno de los grandes monopolios mundiales de capital sueco y suizo de bienes de equipo, líder mundial en ingeniería eléctrica y automatización. Si entramos a su página web, encontraremos: “Resultados Financieros del Grupo ABB en el primer trimestre 2019: CRECIMIENTO ROBUSTO”. Se autodenominan “líder y pionero tecnológico que colabora con clientes de compañías de servicios básicos, industrias, medios de transporte e infraestructuras para escribir juntas el futuro de la digitalización industrial”.

En nuestro país, prestan sus servicios para ABB unos 2.000 trabajadores, repartidos en las oficinas centrales de Madrid y Bizkaia, y en las fábricas de Córdoba, Trapagarán, Oiartzun, San Quirze del Vallés y Móstoles.

Una vez más, y tras tanto, volvemos a tener noticias de violencia institucional hacia mujeres que han sido violadas. Violencia institucional ejercida a través del sistema judicial que tropieza de nuevo en la misma piedra que ya vivimos con la manada de Pamplona.

Esta vez han sido en Manresa, donde seis hombres violaron por turnos a una menor y el ministerio fiscal imputa un delito de abuso sexual, no de agresión al considerar que no hubo intimidación.

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